Los suscritos, Diputados Integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, de la Honorable X Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en referencia a: 1.- Acuerdo emitido por la Quincuagésima Octava Legislatura de Guanajuato, mediante el cual repudia el asesinato del Diputado Pánfilo Novelo Martín, de su hijo Miguel Ángel Novelo Burgos, y de su ayudante Pedro José Yam Pech, y exhorta con absoluto respeto a la Soberanía del Congreso del Estado de Yucatán, para que éste cree una Comisión Especial que dé seguimiento a la investigación de tales crímenes; 2.- Acuerdo de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Coahuila, por medio del cual solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el marco de sus atribuciones y con pleno respeto a la autonomía al Estado de Chihuahua, brinde el mayor de sus esfuerzos en las investigaciones para esclarecer los asesinatos de más de doscientas sesenta mujeres en la citada Entidad Federativa; 3.- Acuerdo de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, en virtud del cual, en adherencia, solicita se giren atentos oficios al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, a fin de condenar el Homicidio de la Abogada Digna Ochoa y pedir respetuosamente que se agilicen las investigaciones para esclarecer el referido asesinato; 4.- Acuerdo de la Cuadragésima Octava Legislatura del Estado de Morelos, mediante el cual requiere de la Procuraduría General de la República, el pronto esclarecimiento de los crímenes del Cardenal Jesús Posadas Ocampo, del Lic. Luis Donaldo Colosio y del Lic. José Francisco Ruiz Massieu, como signo de compromiso con la verdad y postura de rechazo a la impunidad de los autores intelectuales de dichos asesinatos; 5.- Acuerdo de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, por medio del cual y con pleno respeto de la Soberanía del Estado de Oaxaca, condena enérgicamente los hechos ocurridos el pasado 31 de mayo de los corrientes, en la comunidad de Santiago Xochiltepec, Municipio de Textitlán, y exhorta a las autoridades estatales al pronto esclarecimiento de los hechos y que se ejercite la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables, en uso de las facultades que nos confieren los Artículos 43, 113 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el numeral 38 de su Reglamento Interno y

Que el pasado nueve de enero del año en curso, en una acción reprochable, unos asesinos privaron de la vida al Diputado yucateco Pánfilo Novelo Martín, a su hijo Miguel Ángel Novelo Burgos, y a su asistente de nombre Pedro José Yam Pech, provocando gran indignación en diversos sectores de la sociedad yucateca.

El Profesor Pánfilo Novelo Martín, era un personaje con vasta trayectoria local, fue fundador de la Escuela Normal Superior de Valladolid, destacado miembro de la comunidad académica; Diputado Local, etc; lo que le valió el reconocimiento y aprecio de sus paisanos.

Que en lo particular, por considerarse a Yucatán como un Estado muy conservador, por lo que a sus costumbres se refiere, y por no contar con antecedentes similares en su territorio, de manera reciente, ha sido alarmante la forma en la que sucedieron estos homicidios, lo que fomentó entre los yucatecos una gran preocupación e incertidumbre.

Que al final de cuentas, el asesinato de todo ser humano y ni que decir de un Legislador es un acto profundamente reprochable, que obliga y motiva a las autoridades encargadas de la procuración de justicia, a llegar al fondo del asunto y aplicar todo el peso de la Ley a quienes atentan en contra del valor fundamental de la especie humana: La Vida.

De igual manera, la serie de asesinatos cometidos en el Estado de Chihuahua, cuya cifra supera las doscientas sesenta mujeres, sucesos tristemente identificados como " Las Muertas de Juárez ", sin que a la fecha las autoridades locales hayan podido esclarecer los mismos, evidencia que el fenómeno criminológico ha superado la capacidad de respuesta.

Esta situación ha generado un clima de nerviosismo entre las mujeres, previsibles víctimas, quienes ante la necesidad económica, se ven obligadas a exponer la vida al salir de casa al trabajo y de regreso.

Hay que recordar que es obligación del Estado proporcionar seguridad a sus ciudadanos; en su persona y derechos, y cuando la magnitud de los hechos sobrepasa su capacidad, la Federación está obligada de manera copartícipe, a ministrar la confianza comunitaria con base en una clima de real y efectiva seguridad.

Y cuando es violentado el Estado de Derecho, la aplicación de las penas y medidas de seguridad en contra de quienes delinquen, es necesario e indispensable para resarcir en parte, al daño causado a la Sociedad.

En este sentido, el homicidio de la Abogada Digna Ochoa, reconocida defensora de los Derechos Humanos, cuyo trabajo comunitario le valió el referido reconocimiento, no debe de quedar impune, por lo que las autoridades políticas, administrativas y persecutoras de delitos, deben aplicar sus esfuerzos para que una vez identificado sus asesinos, se apliquen a los mismos las penas que correspondan conforme marca la Ley, valorando desde luego, las agravantes particulares del caso.

Es evidente, que los casos aún sin resolver de manera satisfactoria y plena, constituyen de igual forma una ruptura de la legalidad, que nada beneficia y si trastoca la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, como son los casos del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, del Lic. Luis Donaldo Colosio y el Lic. José Francisco Ruíz Massieu, por lo que es indispensable llegar a la verdad absoluta como un gesto ineludible de rechazo a la violencia y a la impunidad.

Por ultimo, en Santiago Xochiltepec del Estado de Oaxaca, integrado primordialmente por gente indígena y con una población aproximada de 800 habitantes, la tranquilidad y paz se vió trastocada el día 31 de mayo del año en curso, cuando 28 campesinos fueron asesinados con armas de fuego de gran poder, cuando éstos retornaban a sus casas luego de laborar en el aserradero.

Este hecho, contemporáneamente equiparable con los homicidios de Aguas Blancas en Guerrero, es un claro ejemplo del clima de inseguridad social, que en Oaxaca se incrementa con la existencia de grupos armados que operan al margen de la Ley.

Nuestra vida en comunidad no debe zozobrar ante los eventos antes señalados, nada ni nadie está por encima de la Ley y desde luego, es decididamente claro que no existe ninguna razón política, histórica, cultural, patrimonial o cualquiera que se arguya, que justifique tomar la vida de otros, razón por la cual, las Instituciones deben garantizarnos nuestra integridad y derechos; y salvaguardar el orden y la paz pública.

En tal sentido, quienes suscribimos, consideramos pertinente apoyar las diversas solicitudes de las Legislaturas indicadas en el proemio del presente documento, por lo que con base en las consideraciones expuestas, estimamos conveniente emitir los siguientes puntos de

PRIMERO: Los Diputados Integrantes de la Honorable X Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, nos adherimos y apoyamos las solicitudes formuladas; en consecuencia:

1. Se repudia el asesinato del Diputado Pánfilo Novelo Martín, de su hijo Miguel Ángel Novelo Burgos, y de su ayudante Pedro José Yam Pech, y exhortamos con absoluto respeto a la Soberanía del Congreso del Estado de Yucatán, para que éste cree una Comisión Especial que dé seguimiento a la investigación de tales crímenes.

2. Se solicita de la manera más atenta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que con respeto a la Soberanía del Estado de Chihuahua, brinde su total apoyo al Gobierno de la Entidad referida, a fin de coordinar esfuerzos eficaces en las investigaciones y que permitan el esclarecimiento de los asesinatos de las más de doscientas mujeres.

3. Se condena el Homicidio de la Abogada Digna Ochoa y se solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen lo conducente a fin de agilizar las investigaciones que conduzcan a la captura de los asesinos.

4. Como signo de compromiso con la verdad y postura de rechazo a la impunidad, se solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que el ámbito de su competencia y en estricto apego a la Ley, no descarte ninguna línea de investigación que permita llegar, no sólo a los autores materiales, sino también a los intelectuales, en su caso, en cuanto a los asesinatos del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Lic. Luis Donaldo Colosio y Jesús Francisco Ruiz Massieu.

5. Se condena los asesinatos de los 28 campesinos de Santiago Xochiltepec, Municipio de Textitlán, Oaxaca, ocurridos el treinta y uno de mayo del año que transcurre; en consecuencia, de manera respetuosa, se exhorta a las autoridades de la citada Entidad, al pronto esclarecimiento de los hechos y a la aplicación de sanciones penales en contra de quienes resulten jurídicamente responsables.

6. Se hacen votos para que las autoridades de los tres niveles de Gobierno de la República, en sus respectivas Jurisdicciones Constitucionales, establezcan políticas públicas eficaces que permitan el cumplimiento irrestricto de la delicada y vital función de garantizar la integridad y derechos de la personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Desde luego, se condena cualquier acto criminal que trastoque el orden natural de nuestro sistema social.

SEGUNDO.- Gírense los oficios de estilo correspondientes, a fin de dar cumplimiento a los acuerdos que anteceden y notifíquese a las Legislaturas solicitantes del contenido de los mismos.

SALA DE COMISIONES "CONSTITUYENTES DE 1974" DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS.